La Reforma Fiscal: Un deber pendiente entre promesas y omisiones
La reforma fiscal, contenida en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 1-12, ha sido uno de los temas más controvertidos en el ámbito político y económico de la República Dominicana. Esta ley, aprobada en 2012, no solo estableció el marco para una visión de desarrollo sostenible, sino que también incluyó tres pactos fundamentales: el pacto por la educación, el pacto eléctrico y el pacto fiscal. Los dos primeros han sido implementados, aunque no sin tropiezos, mientras que el pacto fiscal sigue siendo una promesa incumplida.
El pacto por la educación, destinado a mejorar el sistema educativo del país, y el pacto eléctrico, enfocado en la reforma del sector energético, fueron firmados y puestos en marcha dentro del plazo estipulado por la ley. Sin embargo, el pacto fiscal, que debió haberse concretado durante el último periodo del gobierno de Danilo Medina, fue ignorado. Este retraso constituyó una clara violación de la Ley 1-12, que ordenaba su implementación como un paso crucial para garantizar una administración equitativa y eficiente de los recursos del Estado.
Al asumir el poder en medio de una pandemia mundial, el presidente Luis Abinader se vio obligado a postergar esta obligación, argumentando la necesidad de priorizar la salud pública y la recuperación económica. Esta decisión, aunque comprensible en el contexto de la crisis sanitaria, no puede pasar por alto el hecho de que quienes tuvieron la oportunidad y el mandato de realizar esta reforma en su debido tiempo decidieron no hacerlo.
Es preocupante, por tanto, que figuras políticas vinculadas al gobierno anterior, que no cumplió con este compromiso legal, ahora pretendan criticar o cuestionar la necesidad de una reforma fiscal bajo la actual administración. Su falta de acción en el pasado no solo ha generado un vacío en el cumplimiento de la ley, sino que ha dejado a la actual administración en la difícil posición de tener que abordar un tema complejo en medio de condiciones económicas y sociales adversas.
La reforma fiscal es una necesidad para garantizar un sistema tributario más justo y eficiente que permita al Estado responder de manera adecuada a las demandas de la ciudadanía. El país requiere un debate amplio y honesto sobre cómo mejorar la gestión de los recursos, pero quienes fallaron en cumplir con este deber en su momento no deberían, con justicia, erigirse ahora como defensores del cumplimiento de esta ley.
El camino hacia un pacto fiscal no será sencillo, pero es un compromiso que el país no puede seguir postergando. Es hora de que todos los actores políticos asuman su responsabilidad con seriedad y contribuyan al debate con propuestas constructivas, en lugar de intentar desviar la atención de sus propias omisiones.
